El pasado lunes, los ministros de Finanzas de la zona euro llegaban a un acuerdo sobre los términos para el rescate financiero de la banca española. Este mes de julio -anunciaron - comenzará la recapitalización con una primera inyección de 30.000 euros. Tras la reunión del Eurogrupo, el ministro de Economía Luis de Guindos calificó el acuerdo como "muy positivo" para España y negó tajantemente que el mismo implique como contrapartida "más imposiciones" o "compromisos adicionales de ningún tipo" en materia de política económica.
La realidad, sin embargo, no puede estar
más alejada de las declaraciones triunfalistas de De Guindos. Cabe destacar, en
primer término, que los préstamos se realizarán a través del fondo de rescate
bancario español, el FROB, y contarán por tanto como Deuda pública. El gobierno
español espera que una vez esté en marcha un supervisor bancario europeo la
ayuda pueda ir directamente a los bancos. Esta opción, en cualquier caso,
no se aplicarçía al menos hasta 2013. El conocido analista de piegel de Hamburgo y coeditor del
Financial Times en Londres Wolfgang Münchau, no obstante, sostiene que la iniciativa cuenta con todas las papeletas para ser finalmente vetada por el Tribunal Constitucional Alemán.
UN
"MEMORÁNDUM" CON
REMINISCENCIAS GRIEGAS
Sobre lo que no hay ninguna duda, en
cambio, es sobre la magnitud de las contrapartidas que se impondrán a España a
cambio de la financiación bancaria. Las condiciones se encuentran establecidas
en un Memorándum de Entendimiento acordado entre la Unión Europea, que incluirá
un durísimo plan de ajustes para el presente y el próximo año, y que el Ejecutivo Rajoy retificará el próximo 20 de julio.
En
lo que ha transcurrido del 2012, el Gobierno del Partido Popular ha recortado
ya el presupuesto anual en unos 45.000 millones de euros. El acuerdo suscrito
para lograr reflotar el negocio bancario, sin embargo, supondrá nuevos y
multimillonarios tijeretazos que afectarán de manera especial a los sectores
más vulnerables de la población.
Según
fuentes próximas al Ejecutivo, se aplicarán recortes de unos 10.000 millones de
euros para este año y de 30.000 millones de euros el próximo 2013. El plan incluirá
la subida del IVA, las reducciones de las cotizaciones sociales, la disminución
de las prestaciones por desempleo, un recrudecimiento de la contrarreforma de las pensiones,
recortes en las condiciones de los empleados públicos y despidos, la
eliminación de la desgravación por compra de vivienda habitual y nuevas
privatizaciones. La financiación de las Comunidades autónomas y otras
instituciones como Cabildos y Ayuntamientos se verá drásticamente afectada.
LAS
ENTIDADES RESCATADAS TENDRÁN QUE DESPEDIR EMPLEADOS
El Memorándum incluye, igualmente, las
condiciones impuestas a los bancos rescatados y al propio Gobierno español en
relación con el sector financiero. A las entidades rescatadas la UE no sólo se
les impondrán límites en la repartición de dividendos o en el salario de los
ejecutivos -medidas que sin duda suscribiría
cualquier ciudadano – o la obligación de transferir sus “activos tóxicos” a una
sociedad de liquidación También tendrán
que efectuar recortes de sucursales y de plantilla. Por lo que el siguiente
paso tras la inyección de liquidez que con toda probabilidad darán sus consejos
de administración será la aplicación de nuevos Expedientes de Regulación de
Empleo.
El Ejecutivo español también perderá
competencias sobre el sector financiero,
ya que las autoridades españolas se han
comprometido a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo
una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de concesión
de licencias para la banca española. Según una copia del borrador filtrada a la
agencia Reuters, entre las condiciones exigidas figura también que España
deberá "preparar para finales de
noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de
ahorros en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de
reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
EL EUROGRUPO EXIGE A ESPAÑA LA “INMEDIATA
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE”
El margen
que la UE ha dado al Gobierno español para aplicar los leoninos ajustes en el
presupuesto del Estado también ha quedado meridianamente claro: ninguno. En la
mañana del martes el Eurogrupo manifestaba
su intención de "exigir al gobierno
español adoptar las medidas de ajuste sin demora". Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y
responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, declaraba que "vigilará de
cerca que España aplique los ajustes comprometidos con la UE para cumplir
los nuevos objetivos de déficit”.
La UE exige,
igualmente, que se cumplan estrictamente los presupuestos de 2012 y los planes
de ajuste de las comunidades autónomas y que el Gobierno presente antes de
finales de julio un plan presupuestario bianual para los años 2013 y 2014.
Como parte del “beneficioso” acuerdo con
Europa, el Gabinete de Mariano Rajoy ha adquirido también la obligación de dar cuenta, con
carácter semanal, del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez
de las entidades, cada tres meses del nivel de deuda soberana que atesoran los
bancos en sus carteras y de manera regular de los resultados de los recortes y planes de ajuste neoliberal con el que los
ciudadanos del Estado español comenzarán a pagar el rescate bancario.
Fuente: Canarias Semanal.
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