El rumor se convirtió finalmente en noticia. El grupo de gobierno
confirmó a este periódico que ultima para septiembre un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que conllevará el cierre de varios servicios
no esenciales que hoy da el Ayuntamiento y que afectará a más de 50
trabajadores del personal laboral. El objetivo del pacto con la
aplicación de esta medida es ahorrar este año 8 millones de euros.
Desde el tripartito aseguraban ayer que no harán nada que no estén
haciendo otras muchas administraciones públicas de España y que, en todo
caso, si han cogido este camino es porque se han marcado como prioridad
evitar en lo posible la subida de impuestos a los ciudadanos. «Hay que
preguntarle a los vecinos si prefieren que le suban el IBI o que
quitemos la hora de cocina sana en los barrios», puso a modo de ejemplo
un miembro destacado del pacto.
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